Agenda 2030 y ODS. Más allá de los colores políticos
Desde la puesta en marcha en 2015 de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que venían a sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se ha iniciado un movimiento global entre actores que, superando sus diferencias políticas, apuestan por el futuro sostenible del planeta. Y es que la realidad pone en evidencia que la Agenda 2030 ha superado las barreras del partidismo a nivel global y nacional.
La Agenda 2030 es el resultado del trabajo de debate de las Naciones Unidas, donde todos los Estados han apostado por establecer una serie de objetivos de desarrollo con el fin de erradicar la pobreza, combatir los efectos del cambio climático y coordinar políticas a nivel global para contribuir a la sostenibilidad del planeta. Todo este trabajo de debate y de coordinación entre los países ha culminado en 17 objetivos y 169 metas de desarrollo sostenible. Conformando así una agenda de validez universal que ha conseguido una aplicación en cascada en las subsiguientes políticas públicas, ahora atravesadas por el compromiso con la sostenibilidad. Por lo tanto, lo que se pretende es que para el año 2030 los países hayan alcanzado los objetivos y metas de desarrollo sostenible incluidos en este nuevo contrato social global.
Tanto la Unión Europea como España han mostrado un compromiso unívoco con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En nuestro país contamos con un amplio consenso entre todos los actores políticos que, a diferencia de en otras muchas cuestiones, han apostado por la coordinación de las actuaciones del Gobierno, Comunidades Autónomas y Entidades Locales en torno a los objetivos de la Agenda 2030.
En España se ha logrado llegar a un consenso poco común entre la mayoría de fuerzas políticas, que permite vislumbrar un camino esperanzador en el cumplimiento de los ODS. La coordinación entre los distintos actores y los acuerdos multinivel muestran que, en el discurso institucional de las fuerzas políticas, más allá de las lógicas diferencias sobre cómo abordar los ODS, hay un claro compromiso en el enfoque de las políticas públicas para orientarlas hacia las metas de la Agenda 2030.
Además de contar con una Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 -donde el Gobierno toma los ODS como guía y orientación fundamental de la acción del Ejecutivo-, el Congreso de los Diputados adoptó el 12 de diciembre de 2017 una proposición no de ley, con el respaldo y el consenso de la totalidad de fuerzas políticas, de cara a una orientación política del Gobierno en la definición de la Estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
Este consenso revela la implicación de todos los partidos políticos que, guiados por las Naciones Unidas y la Unión Europea, se han comprometido a establecer un plan de acción común donde todas las formaciones, gobiernos, comunidades autónomas, municipios y sociedad civil actúen en una misma dirección para que el conjunto de la sociedad española se implique en la sostenibilidad del país y del planeta.
Tanto PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, junto a otros partidos regionalistas y nacionalistas como el PNV, han mostrado en numerosas ocasiones su compromiso para integrar la Agenda 2030 como hoja de ruta de las políticas públicas. Como era presumible, entre estas formaciones existen intensos debates sobre cuál es el camino más rápido para alcanzar estos objetivos. Pero que exista un consenso tan amplio respecto al horizonte hacia el que debe caminar nuestro país es algo insólito en nuestra historia reciente, y debe ser un motivo de alegría para los convencidos de los ODS.
Pero no solo debemos mencionar o tener en cuenta el plano estatal, sino que en España existen CCAA y ayuntamientos de distintos colores, que se han postulado como punta de lanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Comunidades como la de Aragón o Euskadi han apostado por la presencia de los ODS en la agenda pública. Entre ellas, el propio gobierno vasco -con el apoyo de todas las fuerzas políticas- ha establecido sus propios planes de actuación para el cumplimiento de la Agenda 2030 a nivel autonómico y local. En este sentido, la Agenda Euskadi Basque Country 2030, apoyada por todas las fuerzas políticas, fue pionera en la promoción de los ODS a nivel internacional y estatal.
Por otra parte, alcanzar estos objetivos sólo será posible si se cuenta con el apoyo y la actuación de las entidades locales. En España, la gran parte de los ayuntamientos, de colores muy diferentes y representantes de fuerzas muy diversas, han apostado por elaborar planes de actuación y promoción de los ODS. En este sentido, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, Partido Popular, PSOE, Zaragoza en Común, C’s y Xunta aragonesista, han firmado un compromiso para trabajar por el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030.
Además, tenemos casos que demuestran que es posible impulsar políticas e iniciativas reales con respecto a los objetivos de la Agenda 2030. En el año 2019 el Gobierno de la Rioja presentó los primeros presupuestos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la intención de sensibilizar y formar a la sociedad en los retos de la Agenda 2030, y haciendo especial hincapié en materia relativa a la cooperación al desarrollo.
Desde el año 2016 la Diputación de Córdoba ha venido trabajando en la labor de implementación de los retos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Del año 2016 en adelante se han ido formalizando acuerdos plenarios que, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, han conseguido que numerosos municipios de la provincia se adhieran al grupo de trabajo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este grupo se constituye con la intención de que el máximo número de actores se coordinen y trabajen para el cumplimiento de la Agenda 2030.
Al igual que otros, el Ayuntamiento de Sevilla impulsó en el año 2019 el proyecto “Estrategia Sevilla 2030”, donde se refleja el carácter catalizador de los ayuntamientos a la hora de actuar y comprometerse con los ODS y la Agenda 2030. De nuevo, este proyecto contó con el respaldo y el compromiso de todos los grupos municipales, agentes sociales y económicos, la Junta de Andalucía, universidades y demás colectivos de la sociedad civil. A día de hoy, el alineamiento de todas las fuerzas políticas y el resto de la sociedad con los ODS es una realidad indiscutible.
Es indudable por lo tanto que en todos los niveles -estatal, regional, local- los ODS han permeado a todas las fuerzas políticas, y que estas han logrado llegar a acuerdos transversales donde se comprometen a trabajar y actuar bajo el firme compromiso de cumplimiento de la Agenda 2030.
Además, es tal la transversalidad de los ODS que, desde el inicio, se han puesto en marcha mecanismos de coordinación e implementación de la Agenda 2030 entre el Estado, las CCAA y las administraciones locales. Se ha creado la Comisión Nacional para la Agenda 2030 entre el Estado y las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Además, esta Comisión cuenta con la participación de representantes de la Administración Local. Se demuestra así que el compromiso con las metas de desarrollo sostenible es un hecho que no entiende de colores políticos, sino que solo se pueden comprender desde la integralidad que exige la Agenda.
En definitiva, debemos aprovechar este gran consenso para impulsar nuevas políticas públicas que apuesten por la lucha contra el cambio climático, la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos humanos. Los acuerdos alcanzados por las fuerzas políticas deben traducirse ahora en acciones concretas que aceleren las transformaciones que requiere esta Década de Acción. En este camino, desde OpenODS trataremos de aportar nuestro granito de arena, poniendo a disposición de las administraciones las mejores herramientas de autoevaluación y gestión inteligente de la Agenda 2030.
¿Quién tiene la responsabilidad de cumplir la Agenda 2030?
Probablemente, depende de a quién consultes, obtendrás diferentes respuestas para esta pregunta. Pero nos parece más interesante que seas tú mismo quien la responda. Y, para eso, quizás lo primero debería ser centrar el foco en lo más inmediato: tu ciudad o tu pueblo.
Casi con total seguridad, el lugar donde vives todavía se encuentra lejos de cumplir muchas de las 169 metas de los 17 ODS, como acabar con la brecha salarial, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o erradicar la pobreza. Pero esta radiografía, que podemos obtener de la localización de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tampoco responde a la pregunta de partida.
Si actualmente existen brechas en el desarrollo sostenible de tu ciudad o tu pueblo, ¿cuál es la administración competente en esta materia? Si bien es cierto que las entidades locales son las administraciones más cercanas a los problemas (diputaciones, cabildos y consejos incluidos), hay otras administraciones que tienen importantes competencias que afectan directamente al desarrollo de cada territorio. Hablamos de las comunidades autónomas y, como no, del Gobierno de España.
En todos los niveles territoriales, según competencias y contexto, se puede y se debe legislar en favor del desarrollo sostenible, pero, ¿esto es suficiente para conseguir cambios profundos y veloces como los que exige la crisis que amenaza nuestras sociedades?
Ninguna administración puede hacer frente por sí sola a un reto tan grande como el que dibuja la Agenda 2030, e incluso entre todas se tardaría mucho más de lo que podemos permitirnos. ¿Resulta conveniente entonces pretender alcanzar los ODS sin contar con la implicación decidida del sector privado? Para poner esto en contexto, basta con tener en cuenta que el sector privado es responsable de casi el 50% del PIB español.
Y la ciudadanía, ¿qué tiene que decir en todo esto? La suma de pequeñas acciones encaminadas en la buena dirección puede tener un impacto enorme en la sostenibilidad de nuestras sociedades. Para ello, el primer paso es tomar conciencia colectiva de que todos podemos hacer mucho más de lo que imaginamos, en nuestro día a día, para hacer más sostenible nuestra forma de vida.
Para conseguir alcanzar los objetivos marcados en la Agenda 2030 hace falta sumar todos los esfuerzos, del sector público y del sector privado, y de la ciudadanía en su conjunto, remando en una misma dirección. Y esto no hará menos titánica la tarea que enfrentamos, pero al menos sí la hará posible. En definitiva, que un pueblo, una comunidad o un país puedan alcanzar el desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida por todos los actores, individuales y colectivos, que influyen en su desarrollo.
Resuelta la incógnita inicial, ahora toma más sentido que nunca la monitorización de las contribuciones de todos esos actores. Con el simple análisis de los indicadores de las metas de los ODS solo podremos conocer los síntomas, pero no sus causas. Para acelerar la Agenda en esta Década de Acción hay que poder medir el impacto de todos los actores y aplicar la inteligencia colectiva que solo la transparencia, la cooperación y la digitalización pueden conseguir. Y esta convicción es lo que nos impulsa a llevar las soluciones que hemos desarrollado en OpenODS a empresas, administraciones, universidades y entidades del tercer sector. Ahí debemos poner el foco en esta década para lograr el éxito.
OpenODS, primer premio de la II Gala de Emprendimiento Social de La Noria
En la mañana de hoy, la joven startup andaluza, OpenODS, ha sido premiada con el máximo galardón de la II Gala de Emprendimiento Social de La Noria. Este reconocimiento a la labor que realiza la empresa en materia de innovación respecto a la Agenda 2030 ha sido entregado por la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, y lo han recogido David Aurusa y Arantza Lozano.
Estos premios del Centro de innovación de la Diputación de Málaga respaldan la trayectoria de empresas que impulsan iniciativas y crean alianzas de innovación social con un claro impacto positivo en la sociedad y en el desarrollo sostenible.
En este sentido, OpenODS, la entidad resultante de la alianza estratégica suscrita por Enreda y Working Smarter, ambas empresas cooperativas, ha puesto en marcha una novedosa metodología de seguimiento y monitorización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que comercializan a través de diferentes productos tecnológicos para la medición y visualización de impactos y resultados en la aplicación de la Agenda.
Asimismo, la startup tecnológica ha demostrado en este tiempo su vocación multisectorial, multiactor y multinivel, desarrollando su trabajo para muy diversas entidades del sector privado y el sector público, con un enfoque basado en la evaluación y la transformación a partir de buenas prácticas sustentadas en datos y en herramientas de business intelligence.
Fruto de estos desarrollos para la aplicación integral y transversal de la Agenda 2030, han lanzado este año OpenODS Index, la primera plataforma de calificación y transparencia en el cumplimiento de los ODS.
Por su parte, la empresa ha agradecido el premio a la organización y se ha mostrado ilusionada por la “enorme valía de las entidades y proyectos empresariales que han quedado finalistas en esta II edición de los premios de Emprendimiento Social”.
La Agenda AIVP: un ejemplo de Agenda sectorial para alcanzar los ODS
La AIVP y su particular Agenda 2030
La Red Mundial de Ciudades Portuarias (conocidas por las siglas AIVP, del francés Association Internationale Villes et Ports ) es un organismo internacional que congrega a todos los actores, públicos y privados, responsables del desarrollo de las ciudades portuarias. Su razón de ser pasa por acompañar a todas las entidades que la componen en la implementación de estrategias de cambio de aspectos económicos, sociales y medioambientales de las ciudades portuarias.
Los actores que conforman la AIVP pueden ser desde representantes elegidos de las ciudades y de las otras colectividades locales marítimas y fluviales, a universidades y centros de investigación, pasando por empresas, proveedores de servicios y, por supuesto, operadores, administraciones y autoridades portuarias.
Las ciudades portuarias y los agentes que forman parte de su particular universo son testigos excesivamente expuestos a los resultados adversos provocados por el cambio climático. Esta no es la única razón por la cual la AIVP quiera tomar cartas en el asunto del desarrollo sostenible. las ciudades portuarias son también escenarios ideales en los que desarrollar soluciones que hagan frente a los retos que presentan la transición energética, la conservación de ecosistemas, la movilidad o la transformación industrial, entre otras cuestiones.
Con el objetivo de dar un paso en firme en estas materias y, por tanto, en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la vez que articulaba una estrategia fácil de asimilar por los agentes y entidades que componen a la red, la propia AIVP tomó, en 2018, la decisión de iniciar una cooperación más clara y robusta con los mencionados ODS.
De dicho compromiso emana la Agenda 2030 de la AIVP, una adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al contexto de las ciudades portuarias a fin de ayudar e inspirar a todos los actores portuarios y urbanos a preparar sus proyectos y planes pensados para contribuir al desarrollo sostenible de las relaciones puerto-ciudad.
La Agenda AIVP. Su estructura
La Agenda de la AIVP, por tanto, se estructura en 10 objetivos, adaptados específicamente al contexto en el que se insertan los agentes y las comunidades portuarias, y recogen las áreas de acción sobre las que los agentes portuarios pueden realmente actuar de forma efectiva:
- ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: Anticipar las consecuencias del cambio climático en las ciudades portuarias marítimas y fluviales.
- TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR: Hacer que nuestros territorios puerto-ciudad que constituyen el núcleo de la transición energética y de la economía circular, entren en verdadera simbiosis con los diferentes interesados locales.
- MOVILIDAD SOSTENIBLE: Mejorar la movilidad en la ciudad portuaria y luchar contra la congestión urbana.
- GOBERNANZA RENOVADA: Favorecer el diálogo puerto-ciudad en una gobernanza renovada con el objetivo de asociar la investigación del desempeño económico y medioambiental al bienestar y a las aspiraciones de los habitantes.
- INVERTIR EN CAPITAL HUMANO: Invertir en el capital humano y permitirles a los habitantes, a los jóvenes talentos, a los profesionales y a los emprendedores que encuentren en el desarrollo de las ciudades portuarias los empleos necesarios tanto para su realización personal como para la competitividad de la comunidad portuaria.
- CULTURA PORTUARIA Y IDENTIDAD: Promover la cultura y la identidad características de las ciudades portuarias y recuperar el orgullo de los habitantes de pertenecer a una comunidad de interés puerto-ciudad.
- ALIMENTOS DE CALIDAD PARA TODOS: Convertir las ciudades portuarias en actores mayores del desafío por una alimentación suficiente y de calidad para todos.
- INTERFAZ PUERTO CIUDAD: Ofrecer a los habitantes que viven en las cercanías de las actividades portuarias, condiciones de vivienda yactividades recreativas y culturales en las zonas de contacto puerto-ciudad.
- SALUD Y CALIDAD DE VIDA: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones en las ciudades portuarias y preservar su salud.
- PROTEGER LA BIODIVERSIDAD: Restaurar y proteger la biodiversidad terrestre o acuática en las ciudades y regiones portuarias.
Para cada uno de estos 10 objetivos se establece una serie de medidas para la acción, sumando hasta un total de 46 medidas a lo largo de toda la Agenda AIVP 2030. Estas medidas pueden consultarse haciendo click en cada uno de los 10 Objetivos.
Gracias al trabajo realizado por la AIVP, los actores implicados pueden centrarse en abordar acciones que encajan a la perfección en su ADN. Paralelamente, ya que todos los objetivos de la Agenda AIVP 2030 están alineados con dos o más ODS, podrá analizarse la repercusión en la Agenda 2030 de Naciones Unidas de las acciones realizadas por dichos actores.
La oportunidad de Puertos del Estado
En cuanto a la asimilación de estas agendas estratégicas por parte de los puertos y autoridades portuarias españolas, ésta no debe sonar extraña para dichas entidades, ya que, desde el arranque del siglo, trabajan en la monitorización de indicadores sobre aspectos ambientales (Indaport, 2013), pero también económicos y, cada vez más, sociales.
Dicho esfuerzo de monitorización lo resume el ente “Puertos del Estado” en la memoria anual de sostenibilidad de su sistema portuario, implicando a las 28 autoridades portuarias que componen dicho sistema.
Es cierto que estos trabajos de monitorización siempre requerirán un esfuerzo de alineamiento entre los distintos lenguajes -aquel propio de las entidades, el propuesto por la AIVP y el propuesto por Naciones Unidas-, pero significan un punto de partida sobre el que apoyarse para caminar hacia los objetivos propuestos por las distintas agendas.
Agendas sectoriales -como esta de la AIVP-, que lejos de enmarañar el mensaje en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se convierten en documentos de gran valor estratégico, acercando estos objetivos, a veces bastante genéricos a realidades específicas con necesidades particulares. El trabajo de alineamiento y localización que debe acompañar a estas agendas sectoriales para garantizar que encajan en la lógica de los ODS nos ayuda a aproximar contextos dispares hacia un lenguaje común de responsabilidad social, el de los Objetivos de la Agenda 2030.
Presupuestos Generales del Estado y ODS. Luces y sombras del primer alineamiento
Esta semana se ha anunciado el primer borrador de los presupuestos generales del Estado (PGE) y, como se avanzó en el mes de marzo, por primera vez están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Este hito es muy importante, porque, como avanzabamos en redes sociales, el trabajo del Gobierno servirá a muchos actores, especialmente a otras administraciones públicas, para reflejarse con una doble perspectiva: por un lado las administraciones podrán entender su posición relativa con respecto un marco como el de la administración general del Estado. Por otro lado, el abordaje que realicen desde el Gobierno de España servirá como referencia y punto de partida a la hora de que estas administraciones afronten sus propios procesos de alineamiento y localización, como ocurre con el alineamiento de los PGE.
El Gobierno de España es consciente de que el reto que supone la Agenda 2030 no se alcanza únicamente alineando unos presupuestos. Así lo reconoce el informe en el que explican el proceso de alineamiento y los resultados obtenidos.
Este mismo documento también nos explica qué podemos obtener y qué no podemos obtener de alinear unos presupuestos. Detengámonos en lo segundo.
¿Qué NO podemos obtener de unos presupuestos alineados?
No podemos exigir que este proceso de alineamiento actualice las Metas Territoriales Localizadas del país, tarea que se realiza a través de la medición de sus Indicadores Localizados Territoriales). Este es un trabajo que ya realiza el INE, que, como organismo responsable de las estadísticas del estado, puede permitirse actuar como órgano independiente en materia de ODS.
Tampoco podemos esperar que se mida el impacto directo del paquete de medidas que conforma un presupuesto de este calibre. Un euro invertido en materia de educación, igualdad o lucha contra el cambio climático no puede traducirse en un euro de impacto directo sobre los ODS 4, 5 o 13. Debemos tener en cuenta que medir el efecto multiplicador de una inversión es reponsabilidad de las herramientas de evaluación con las que cuente la medida en cuestión.
Y, como bien indica el documento de referencia, no podemos asumir que si un programa de gasto impacta sobre dos o varios ODS el dinero invertido en dicho programa se sume tantas veces como Objetivos han sido impactados. Este tratamiento del presupuesto distorsionaría su impacto real sobre la agenda de desarrollo sostenible española.
Todas estas ideas se desprenden del mismo documento y conforman un ejercicio de honestidad digno de reconocimiento.
Entonces ¿para qué sirve haber realizado este el alineamiento?
Que una organización, sin importar su calibre, realice una acción por primera vez siempre es positivo, puesto que nos permite crear un antecedente sobre el que trabajar. En este caso, el alineamiento exigía la creación de una metodología que ayudase a afrontar la tarea de alineamiento, contando con que había que evitar la distorsión y el mal ejercicio de comunicación de los supuestos que hemos visto en el apartado anterior.
Dicha distorsión la resuelve el Gobierno de España gracias a lo que han llamado el Índice de Esfuerzo Presupuestario (IEP), un indicador que permite medir qué porcentaje de las partidas presupuestarias está alineado con al menos uno de los ODS. Sin entrar a valorar el total de inversiones realizadas en esa partida, ni si estas aceleran o no la consecución de los objetivos.
Gracias a esta propuesta, y a la aproximación cualitativa que también hace el documento de alineamiento, podemos conocer qué volumen de medidas e inversión se espera que incida en cada uno de los ODS, sin cometer el error de pensar que este esfuerzo sume el compromiso total del Gobierno de España con los ODS (Recordemos que hay cifras que se podrían estar sumando en varios ODS si la partida en cuestión tiene la capacidad de incidir sobre más de un Objetivo. Por ejemplo; Una inversión para innovación en energías renovables que repercuta directamente en el ODS 7, el 9 o incluso el 11 y el 14).
| ODS | Nº políticas | Inversión (en millones €) |
| 1 | 11 | 186.614 |
| 2 | 2 | 1.611 |
| 3 | 9 | 18.051 |
| 4 | 7 | 11.923 |
| 5 | 12 | 57.036 |
| 6 | 3 | 1.367 |
| 7 | 5 | 13.272 |
| 8 | 17 | 61.082 |
| 9 | 10 | 45.471 |
| 10 | 11 | 15.962 |
| 11 | 9 | 11.911 |
| 12 | 4 | 3.898 |
| 13 | 5 | 7.030 |
| 14 | 3 | 1.838 |
| 15 | 4 | 6.135 |
| 16 | 8 | 22.891 |
| 17 | 5 | 33.286 |
El Gobierno también nos avisa de que no todas las partidas de los PGE tienen por qué estar alineadas con los ODS. Puede haber partidas que simplemente existen por una mera necesidad instrumental u otras cuyo impacto sea tan poco significativo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que no son relevantes para este análisis.
Ni están todas las partidas de los PGE ni podemos garantizar que las partidas que sí están alineadas se muestren una sola vez en la tabla
A la solución metodológica que supone la creación del IEP se suma que por primera vez conocemos qué volumen de inversiones de los presupuestos podría estar impactando en un ODS, independientemente del efecto que pueda tener dicho volumen en otros objetivos distintos.
Ahora conocemos que el Gobierno de España dedica, usando la tabla de arriba, más de 180.000 millones de euros a políticas que persiguen acabar con la pobreza (ODS 1), cualquier cambio en esta cifra exigirá un ejercicio de transparencia y comunicación para dicha institución.
Este hecho crea una “línea de base” sobre la que podremos conocer la evolución del compromiso con los ODS de la administración general del Estado en presupuestos venideros.
¿Es el mejor abordaje? Queda mucho por hacer
En OpenODS hemos redactado esta publicación movidos por el compromiso que tenemos como actor por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestra razón de ser.
Sin embargo, precisamente por nuestro rol de actores convencidos, no creemos que debamos entrar a valorar aquí si el alineamiento realizado por el Gobierno de España es la forma más acertada de aproximarse a unos presupuestos -una vez superada la idea de que la presentación de unos presupuestos no puede reflejar el impacto real que se espera de la ejecución de los mismos-.
Pensamos que lo más importante que podemos obtener de esta acción pionera son precisamente su aparición en escena y la propuesta novedosa de abordaje. Gracias al trabajo realizado por el Gobierno podremos acompañar a muchos otros actores, administraciones y entidades privadas en la aceleración de su compromiso con los ODS. Sabiendo qué se ha hecho y luchando por hacerlo siempre mejor que los antecedentes con los que trabajamos, por ejemplo llevando el análisis de los presupuestos un paso más allá y alineando los mismos con las Metas Localizadas de referencia que utilice cada organización, una aproximación que hemos echado de menos en este primer informe de alineamiento.
Tres caminos a recorrer en los PGE 2022
De objetivos a metas: Los 17 ODS son, en cierta forma, una forma de agrupar las 169 metas concretas de la Agenda 2030. El alinear el presupuesto exclusivamente con los ODS, sin hacerlo con la metas puede ser un primer paso, pero sería importante dar el siguiente para aumentar exponencialmente su utilidad.
De políticas a programas: para realizar el alineamiento se han analizado 283 programas de gasto, encuadrados en las 25 grandes políticas de gasto de los PGE 2021., sin embargo, el alineamiento cuantitativo del presupuesto se realiza exclusivamente a nivel de esas 25 políticas. Sería deseable “hacer zoom” el próximo año a nivel de programas, ya que en un presupuesto del tamaño de los PGE, y con una metodloǵia que usa el 5% de la dotación presupuestaria cómo frontera a partir del cual se considera que, en términos cuantitativos, la política se encuentra alineada con el ODS, nos encontramos que podrían existir programas de millones de euros (técnicamente, hasta de miles de millones de euros) cuyo impacto cuantitativo con los ODS no se está midiendo.
De PDF a Open Data: una administración transparente, responsable y comprometida con el desarrollo sostenible no puede permitirse apostar en 2020 por formatos que no sean reutilizables, cuando además ya se viene trabajando en esta lógica en el tratamiento habitual de datos relativos a los presupuestos.. Este camino debería ser recorrido por todos los los documentos de la “serie azul” de los PGE (constituida por el informe de Alineamiento con los ODS, el Informe de impacto de género y el Informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y la familia). Dar este paso sería de gran utilidad para:
- Mejorar la transparencia y la usabilidad del informe: es una pena que tras realizar el esfuerzo de escribir cientos de páginas sobre el alineamiento de este presupuesto, haya datos fundamentales – cómo el porcentaje en que cada política impacta sobre un objetivo – que sólo podemos podemos adivinar de forma aproximada en una gráfica dibujada sobre un PDF.
- Facilitar la reutilización: disponer de los datos en formatos reutilizables sería de gran ayuda a los diferentes actores que trabajan para la consecución de los ODS (administraciones, universidades, investigadores, sociedad civil…) para multitud de tareas, cómo por ejemplo aplicar a los mismos datos diferentes metodologías para testarlas.
- Integrar los datos de los PGE en herramientas integrales multiactor: Como por ejemplo, las soluciones tecnológicas de OpenODS
ODS, de la ventaja competitiva a la responsabilidad social
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) implican no solo a las Administraciones Públicas, sino también a la sociedad civil, las instituciones educativas y, sobre todo, a las empresas como actores imprescindibles para la consecución de la Agenda 2030.
Tal y como indicaba la Agenda de Acción de Addis Abeba, no podemos pasar por alto el potencial transformador, creativo e innovador de un sector privado en el cada vez es más fácil encontrar actores cuya influencia rivaliza con la de las administraciones. No es extraño ver compañías con volúmenes de facturación superiores al PIB de la mayoría de países, o reconocer grandes conglomerados transnacionales con presencia en prácticamente todo el globo. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google) y Facebook suman 3,5 miles de millones de euros de capitalización bursátil, una cifra similar al PIB de Alemania, la 4ª potencia mundial.
Pero las grandes corporaciones no son las únicas compañías que deben sentirse interpeladas por la Agenda 2030. Todas las empresas, sin importar su tamaño, pertenecen a una comunidad en la que desarrollan su actividad y en la que generan un impacto (positivo o negativo), sin importar si esta comunidad se limita a una escala local, regional o global.
Sin embargo, lo realmente importante no es la escala a la que intervienen los agentes económicos, sino las urgentes razones que hacen que estos lleguen a comprometerse con la Agenda 2030 hasta asumir sus objetivos como propios.
La primera de estas razones es el ejercicio de transparencia que supone alinear las organizaciones con los ODS y dar a conocer el grado de compromiso y el esfuerzo realizado para alcanzar cada uno de los 17 objetivos. Un ejercicio de transparencia fruto de la presión externa, cada vez más habitual en nuestra sociedad, para conocer las buenas prácticas de nuestras empresas, además de una decisión que puede atraer el interés de potenciales inversores hacia nuestras compañías, un hecho que entronca con la segunda de las razones; el atractivo inversor.
Como ocurre en los mercados bursátiles, la accesibilidad a la información sobre la gestión y dirección de cualquier empresa es crucial en la actualidad, puesto que un buen ejercicio de transparencia influye determinantemente en las decisiones de compra y en los potenciales inversores. Pero no es esa la única razón por la que el alineamiento con los ODS puede condicionar la actividad inversora, algo que demuestra la existencia de estándares como GRI o el uso de ratings financieros de sostenibilidad como ESG (Environmental, Social and Governance). El mercado cada vez exige más información y más compromiso en materia de sostenibilidad a las empresas.
No en vano, la tercera razón que hace imprescindible el compromiso con los ODS es el hecho de que alcanzando estos objetivos garantizamos el futuro de nuestro entorno y, sobre todo, la seguridad de que el mercado en el que operamos siga existiendo. La Agenda 2030 no sólo pretende garantizarnos un futuro sostenible en un sentido amplio, sino que su consecución permite reducir riesgos derivados de la situación de emergencia en la que se encuentra nuestro planeta, garantizando inversiones y calmando a inversores.
A pesar de que las razones esgrimidas tienen el potencial por sí mismas de incidir en las acciones de cualquier empresa, no podemos obviar la motivación fundamental detrás de las mismas; la propia responsabilidad social de las empresas. Las organizaciones empresariales no son agentes transformadores únicamente. Esta característica la adquieren porque también son agentes sociales, compuestos por personas, con intereses e ideales, y en constante contacto con otras personas que, si bien no tienen la capacidad de decidir sobre la estrategia de una compañía, sí que influyen directamente en sus acciones; los grupos de interés; propietarios; proveedores; trabajadores; vecinos; miembros de la comunidad…
En definitiva, ya sea porque estamos ante mecanismos que generan fortalezas competitivas o porque tenemos una exigencia y un compromiso social, las organizaciones y sociedades empresariales tenemos razones de sobra para no dejar pasar el tren de la Agenda 2030 y trabajar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y después de la COP25, ¿qué?
Empecemos por lo importante. El objetivo de esta COP25 era, en resumidas cuentas, alcanzar acuerdos multilaterales que permitieran que el aumento de la temperatura de nuestro planeta se mantenga por debajo de 1,5 grados centígrados. Algo a lo que desgraciadamente no se ha llegado. Pero, en este asunto, toma más relevancia aún el aviso que hizo Naciones Unidas en su último informe anual, que sitúa la subida de la temperatura media prevista para este siglo en 3,2 grados de seguir como vamos.
¿Cómo de grave es esto? Si tenemos en cuenta que, a partir de un aumento de 2 grados, en todos los modelos que maneja la comunidad científica se prevén extinciones masivas y un aumento de los fenómenos climáticos extremos sin precedentes. Todo ello con las innumerables pérdidas económicas, humanas y las migraciones forzosas que implicaría la crisis climática. Pues, quizás, deberíamos empezar, como poco, a preocuparnos. Seguramente ahora entiendas que el lema de esta COP25: ¡Es tiempo de actuar! No era algo baladí.
Pero que no se hayan alcanzado todos los acuerdos previstos para esta Cumbre del Clima, como el sistema de regulación transparente de los mercados de carbono, ¿quiere decir que ha sido un fracaso? Como en casi todo, la respuesta está en dónde tengamos puestas las expectativas.
Si nos remontamos a tan solo hace dos meses, cuando Chile renunció a organizarla, no había COP25 a la vista y, por consiguiente, ningún acuerdo posible. Y, gracias a la intervención del Gobierno de España, se evitó el fracaso total, de la que hubiera sido la primera Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no celebrada desde 1995.
La COP25 de Madrid será recordada por ser la más participada por la sociedad civil hasta la fecha, con la ya icónica imagen de Greta Thunberg entrando en IFEMA. Además, se puso en marcha por primera vez una Zona turquesa, para reunir en un mismo espacio a los líderes políticos y a los activistas ambientales. Pero, ¿se sacó algo en claro de esta cumbre?
La respuesta alberga mejores noticias de las que se temían ya en el tiempo de descuento. En esta #COP25 se llegó a un acuerdo por el que 84 países se comprometieron a presentar planes más ambiciosos de recortes de emisiones de GEI en 2020, se destinará parte del Fondo Verde a los daños materiales causados por los fenómenos climáticos, se reconoció la relevancia de las evidencias emanadas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), se acordó incluir los océanos y los usos del suelo en la próxima cumbre, y se consensuó un nuevo Plan de Acción de Género.
Este escenario nos sitúa en una mejor posición que hace tan solo dos meses, pero dista mucho de la ambición que requiere la emergencia climática, como reconoció el propio Antonio Guterres, que se mostró decepcionado con los resultados. Ahora, todos los focos están puestos en Glasgow, que albergará la COP26, donde se espera culminar todos los acuerdos pendientes y conseguir la financiación comprometida.
Pero, ¿qué pueden hacer los actores públicos y privados en este contexto? Las evidencias científicas y la opinión pública han dejado claro que no hay tiempo que perder, y que, en nuestro futuro inmediato, solo las entidades plenamente alineadas con el desarrollo sostenible que promulga la Agenda 2030 tendrán cabida en la sociedad que viene.
El cronómetro está andado, y la mejor forma de llegar a la futura COP26 es con los deberes hechos, porque el planeta ya no acepta más prórrogas. En este sentido, se hace más útil que nunca la innovación y la inteligencia colectiva que ofrece el sistema OpenODS. Una plataforma para medir, comparar y compartir el progreso de las entidades y los territorios respecto a los ODS. Con una metodología escalable y validada tanto para el sector privado como para el sector público.
Como decía el lema de la COP25, es tiempo de actuar, y, para convertir ese compromiso en resultados, nada mejor que aprovechar una herramienta como OpenODS, para monitorizar y reportar en tiempo real los impactos de tu actividad.
Si quieres saber más acerca de la Agenda 2030, te gustaría conocer otras experiencias de localización o quieres valorar si tu organización está siguiendo los pasos adecuados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contacta con nosotros.